Con el firme propósito de derribar las barreras burocráticas que afectan la cotidianidad del pueblo venezolano, el auditorio de la Casa de la Cultura de Los Teques fue escenario de la consulta pública del Proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos.
La jornada contó con la participación activa del Poder Popular, legisladores regionales, concejales y destacados diputados de la Asamblea Nacional (AN), liderados por su primer vicepresidente, Pedro Infante.
Este instrumento legal, que consta de 13 artículos, busca una transformación disruptiva del Estado. No se limita a la simplificación, sino que introduce el concepto de aceleración y supresión de procesos innecesarios, inútiles o complejos que frenan el desarrollo económico y el bienestar social.
La meta es modernizar la gestión pública para que el ciudadano reciba respuestas oportunas, eliminando la cultura de la “gestoría” y facilitando la inversión a través de la interoperabilidad institucional.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, destacó que esta ley nace de la autocrítica necesaria para superar trámites “impertinentes” que sólo obstaculizan al ciudadano. “Esta ley permitirá conectar a las instituciones para que no se le exija al pueblo documentos que el propio Estado ya posee, apalancándose en la digitalización y la transparencia para impulsar la economía y la paz social”.
Por su parte, el alcalde de Guaicaipuro, Farith Fraija, dijo: “Celebro esta iniciativa porque nos obliga a realizar un inventario real de procesos para optimizarlos; ya en el municipio hemos reducido trámites de catastro de tres meses a sólo 48 horas”. Además, insistió en la necesidad de casar esta ley con el gobierno electrónico, invirtiendo en servidores y software que permitan una recaudación fiscal armonizada y un servicio verdaderamente protagónico para las comunidades.
La diputada Karolis Pérez resaltó que la nueva norma otorga facultades precisas al Ejecutivo Nacional para suspender, reducir o derogar permisos y requisitos que actualmente actúan como cuellos de botella.
“Este proyecto busca la máxima eficacia en beneficio del pueblo; no requiere aportes presupuestarios adicionales, sino voluntad política para unificar criterios y generar ahorros significativos al Tesoro Nacional mediante una gestión más dinámica y menos pesada”, puntualizó Pérez.
